CONCEJO BOGOTÁ

¿Por qué la construcción de vivienda popular no es más ágil?

Uno de los temas más polémicos en la gestión de la actual alcaldía tiene que ver con la construcción de vivienda. Las principales críticas cuestionan el modelo que está implementando el gobierno Distrital con la toma de decisiones que buscan evitar la construcción de vivienda popular en los extramuros y/o en zonas de riesgo por inundación o de remoción en masa, priorizando la localización de nuevos proyectos en zonas céntricas de la ciudad.

Además, por que se está exigiendo a los constructores aportar hasta el 20% de su suelo para construir Vivienda de Interés Prioritario, lo que se constituye en una carga urbanística real, carga que se soporta en un marco legal que viene desde el año 1997, pero que hasta hace un par de meses era simple letra muerta.

Estas disposiciones que son apenas obvias y llegaron tarde a la ciudad, rompen con la inercia que permitió durante décadas la acumulación de riqueza por parte de los grandes constructores, quienes usando un suelo barato, siempre localizado en la periferia, segregó la población más vulnerable, y con ello, restringió su acceso a los bienes y servicios públicos.

Sería injusto y exagerado decir que este fenómeno lo generó exclusivamente el gremio constructor, estructuralmente los problemas de la vivienda popular se deben al inadecuado y frágil diseño de las normas nacionales y distritales, de las cuales legítimamente los constructores han sacado provecho.

Con este panorama, la alcaldía de Petro se comprometió a construir 70.000 viviendas en los 4 años de su gobierno, meta ambiciosa y bien intencionada pero con pocas probabilidades de ser cumplida. Acudiendo más al optimismo que al conocimiento de la realidad, sin respaldarse en unas renovadas bases normativas que le permitieran sacar adelante su proyecto, sumado a la oposición de los grandes intereses asociados a la construcción y de los sectores políticos que les representan, y con un suelo especialmente escaso, la auto imposición de esta meta muestra más una visión utópica que todos queremos alcanzar, que una posibilidad real de ser concretada.

Ese suelo es el insumo más difícil de aportar en esa lista de actividades para lograr un proyecto de vivienda popular, con 124.314 hectáreas de suelo rural, 1.781 de suelo de expansión, y 37.567 de suelo urbano, estas últimas las habilitadas para ser urbanizadas, solo quedan disponibles menos de 4000, es decir, el suelo libre para construir prácticamente se acabó.

Emprender, gestionar y concretar la construcción de esas 70.000 viviendas, pasa por transformar normas complejas como el Plan de Ordenamiento Territorial o Planes Parciales, por darle uso a predios inoficiosos o lotes de “engorde” a través de la declaratoria de desarrollo prioritario, por hacer un quiebre institucional en la forma en que han trabajado por décadas las entidades responsables del tema para adaptarlas a los nuevos retos, y por ganarse el apoyo ciudadano a través de los avances y resultados que se muestren.

Los años 2012 y 2013 fueron decisivos en la gestión de proyectos que viabilizan la construcción de 14.407 de las 70.000 viviendas. 5.005 vienen de Planes Parciales aprobados en administraciones anteriores, 3.573 aportadas por el gobierno nacional bajo su programa de vivienda gratuita, 1.921 del trabajo de la Caja de Vivienda Popular, 1.271 en proyectos privados con apoyo público, 1.000 generados en suelo de Metrovivienda, y el número restante fundamentalmente en esos predios inoficiosos pero de localización privilegiada.

Según las cuentas de la Secretaría Distrital de Hábitat en el 2014 se gestionarán 20.860 viviendas más, sumando así 35.267 unidades en los tres primeros años de alcaldía, lo que deja entrever que en el 2015 difícilmente se alcanzará la meta prometida.

Aunque el vaticinio –al menos en términos cuantitativo– no da para celebrar, estoy convencida que la gestión de este tipo de proyectos se está abordando desde una perspectiva profunda, técnica, y responsable que a mediano y largo plazo permitirá garantizar el derecho ciudadano de acceder a la vivienda digna.

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