¡Por fin! Después de 4 meses de largos debates, en la noche de ayer, 19 de junio, se conoció la decisión conjunta de la Alcaldía y el Concejo de Bogotá con respecto a los cobros de valorización. A excepción de solo uno de los once artículos que fueron aprobados en primer debate, la plenaria ratificó las decisiones tomadas el pasado 11 de junio en la comisión de hacienda y crédito público.
Ese polémico artículo que no fue aceptado por las mayorías, buscaba que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –IDRD- financiara la construcción de 11 parques con su presupuesto ordinario y no bajo el esquema de valorización. Con la decisión de eliminar ese ‘articulito’ aparece tal vez la crítica más importante: la construcción de nuevos parques en Bogotá no llegará ni siquiera a mediano plazo; la famosa cancha del Country en Usaquén, un parque en Villa Mayor de Antonio Narño, en la Tingua Tibanica de Bosa, Morato o Villa Luz, por citar solo algunos ejemplos, son obras que no veremos en los próximos años.
Como lo dijimos en nuestra entrada anterior, lograr la reducción en el cobro de 850.000 a 380.000 millones pasa por recortar drásticamente el listado de obras a construir, de manera que en este caso a los parques y andenes les tocó bailar con la más fea.
Pero al margen de este tema puntual, es apenas justo compartir la alegría de la ciudadanía de Bosa, Engativá, Kennedy, y San Cristóbal que resultó beneficiaria de las nuevas disposiciones y no tendrán que pagar valorización. Obras proyectadas en sus localidades llegarán, esta vez no financiadas por valorización, sino a través del endeudamiento de la ciudad, si el proyecto de acuerdo que así lo permite también es ratificado por la mayoría del cabildo distrital.
La pregunta apenas obvia que nos hacemos los bogotanos es: ¿y ahora qué sigue con la valorización? Lo primero para responder es que el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- deberá recalcular el valor que deberán pagar 500.000 predios en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba, y algunos de Engativá y Fontibón por el nuevo listado de obras aprobadas.
El IDU tendrá de aquí a diciembre de este año para hacer esa tarea, y hacer un cruce de cuentas identificando de los predios que pagaron entre febrero y marzo de 2013, cuáles deben pagar menos o no pagar, y en ese caso iniciar las devoluciones respectivas. Si el caso es contrario, es decir, un predio que antes no pagaba o pagaba un monto que ahora se verá incrementado, llegará una nueva factura seguramente en el mes de enero de 2014 para recaudar los dineros correspondientes.
Paralelo a esto, el equipo técnico del distrito deberá trabajar en las factibilidades, y diseños de detalle de las obras faltantes –recordemos que las incluidas en el grupo 2 del recién modificado Acuerdo 180 tenían diseños completos y en algunos casos adquisición de predios- para que tan pronto se dispongan de los recursos necesarios se puedan abrir los procesos licitatorios que concretarán la construcción de estas obras.
Ojalá más temprano que tarde empecemos a ver avances en la construcción de obra pública, que los proyectos que hoy se estructuran mejoren significativamente la calidad de vida de millones de bogotanos, que los responsables de sacar adelante estos proyectos asuman su papel como verdaderos servidores públicos, y así de paso se sanen las heridas que dejó a los bogotanos la corrupción del gobierno anterior que usó “la construcción de obra pública” como su más preciado botín.
