La Senadora Angélica Lozano encendió las alertas sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes anunciado por el Gobierno Nacional, cuyo inicio está previsto para el próximo 1 de abril. En ejercicio de su función de control político, radicó un derecho de petición dirigido a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, en el que plantea dudas concretas sobre la capacidad técnica, operativa y contractual del Estado para garantizar la continuidad de este servicio esencial.
En el documento, la senadora solicita información precisa sobre la producción de las libretas, su ubicación, las condiciones del convenio internacional, la instalación de capacidades tecnológicas en el país y el cumplimiento de estándares internacionales como los de la OACI. También pide claridad sobre los costos del nuevo modelo y el impacto para los usuarios, así como sobre las advertencias realizadas por órganos de control frente a la estructuración del sistema .
Frente a esta solicitud, se recibió respuesta por parte del Ministerio del Interior, la cual se anexa para conocimiento público. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta información, aún se encuentra pendiente la respuesta de fondo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), entidad directamente responsable de la implementación del nuevo modelo.
Este control político se da en un contexto en el que el propio Gobierno ha anunciado que el sistema está listo, mientras persisten interrogantes clave sobre su implementación real. La discusión no es menor: se trata de un servicio público esencial que impacta directamente a millones de colombianos.
