Combatir la corrupción en la contratación pública es el principal objetivo de la Ley 2014 de 2019, que elimina los beneficios penales y modifica el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción.
Esto buscando adoptar medidas para la sanción efectiva de los delitos cometidos contra la administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado.
Gracias a esta ley, impulsada por la senadora Angélica Lozano, se impide que los corruptos puedan contratar con el Estado y obliga que sus penas sean purgadas en prisión intramural, de manera que ya no pueden ser llevados a sitios especiales de reclusión como bases militares, escuelas de policía, caballería y naval.
Además, el Estado puede finalizar unilateralmente el contrato sin indemnizar al contratista condenado por corrupción.
