«Esta valorización se ha convertido en una novela en la que el Concejo y la Alcaldía son antagonistas, y mientras se desarrolla la trama, la ciudadanía se convierte en un hijo que nadie quiere reconocer».
¿Al fin qué? ¿Nos toca pagar la valorización? ¿Cuánto pago? ¿Qué obras construirán con mi dinero? Esas son las preguntas que día a día los ciudadanos de Bogotá se hacen con respecto a la valorización. Preguntas que hoy siguen sin respuestas.
En estas sesiones extras que irán hasta el próximo 30 de abril, el Concejo discute dos proyectos de acuerdo trascendentales para la ciudad: valorización y cupo de endeudamiento. Con el cupo de endeudamiento, la alcaldía recibiría una autorización para pedir un crédito a la banca, y a través de estos recursos que se pagarían durante 20 años con impuestos corrientes de todos los bogotanos, se construirían los proyectos. La valorización ha sido un instrumento fundamental para la financiación de obras públicas. Aplicado desde los años veinte del siglo pasado, gracias a la contribución que hacen los propietarios de inmuebles por la construcción de una obra específica, la ciudad provee una mejor infraestructura, y los contribuyentes ven valorizados sus predios por efecto de las obras.
Dos proyectos distintos, aunque interdependientes por la más reciente propuesta de la alcaldía (cero y van tres desde septiembre de 2012) que busca dejar sin efectos al Acuerdo 180 en el que se ordenó desde el año 2005 cobrar a los 1.500.000 contribuyentes 850.000 millones de pesos, y con esto financiar la construcción de 45 obras; 11 vías, 4 intersecciones, 9 puentes peatonales, 10 andenes y 11 parques repartidos por toda la ciudad.
La actual propuesta no se pagaría por valorización, sería a través de endeudamiento e incluye la construcción de 15 obras, 8 vías, 5 puentes peatonales y 2 intersecciones. La primera crítica es la exclusión de todos los parques, todos los andenes y solo sobrevivirían los puentes peatonales que se construirían sobre la Avenida Boyacá. Como aspecto positivo destaco que la Alcaldía Mayor propone generar corredores de movilidad completos en el occidente de la ciudad, cambiando el esquema de una inequitativa carga de infraestructura que históricamente ha premiado al borde oriental. Sin embargo esto pasa por adelantar obras programadas para construirse en el futuro (grupos 3 y 4 –años 2014 y 2016-) pero la situación cambia cuando se entiende que esos adelantos (sobre todo el grupo 4) incluye obras sin estudios de factibilidad y de las que no se conoce su valor real. Y en otros casos como la Avenida Ciudad de Cali entre Avenidas Bosa y San Bernardino, en la localidad de Bosa, se propone la construcción de la mitad de los carriles que se deberían hacer, postergando por décadas su finalización.
El panorama no es para nada alentador, con un aplazamiento de pago (la primera fecha se fijó para el 29 de abril y la segunda para el 30 de julio) para dar espacio a los debates que corregirían los problemas que originaron las protestas ciudadanas, no es mucho en lo que se ha avanzado. Los tiempos vuelven a jugar en contra; recordemos que solo quedan algunos días para que el Concejo decida en primer debate sobre el nuevo proyecto presentado por la Alcaldía. En el más optimista de los escenarios para la administración, de la comisión de hacienda saldrá nuevamente un proyecto aprobado en primer debate y luego ser discutido en plenaria. Esa discusión será especialmente compleja porque el pasado 11 de marzo la misma comisión ya aprobó otro proyecto de acuerdo que buscaba exactamente lo mismo, lo sorprendente es que tienen contenidos diametralmente opuestos, pues con uno se mantienen las obras y el cobro original, y con el otro se modifica el plan de obras y se financian con el endeudamiento. Esto enreda más la pita, porque para efectos prácticos por la diferencia entre proyectos, el debate de fondo empezará de ceros.
Más allá del tedioso pero importante trámite, lo que importa al fin y al cabo es conocer con prontitud, las decisiones de fondo que Concejo y Alcaldía adeudan a la ciudadanía. Si se aprueba tal como está la última propuesta del gobierno, bajo la administración Petro no se harían cobros de valorización, pero no nos digamos mentiras, las obras (las que acertadamente propone el IDU, y otras que inconvenientemente elimina) son necesarias, y es la valorización el instrumento indicado para financiarlas. Las protestas, algunas justas, otras magnificadas, pero siempre válidas no alcanzaron a ser el 5% del total de las facturas entregadas; por eso en su momento, en este mismo blog pedimos que cada protesta y cada reclamación fueran atendidas y solucionadas diligentemente, pero que se siguiera con el recaudo de los contribuyentes (el 95% restante) a quienes no se les presentó ningún problema con la valorización. Digámoslo con claridad, cobrar impuestos ha sido, es y será impopular, y más si en este caso se suma con el predial y el de vehículos. Pero gracias a esos impuestos se construyen las obras en Bogotá, y lejos de verse una solución que no ponga en riesgo la cultura de pago de los bogotanos, esta valorización se ha convertido en una novela en la que el Concejo y la Alcaldía son antagonistas, y mientras se desarrolla la trama, la ciudadanía se convierte en un hijo que nadie quiere reconocer.
#AvBoyaca
