Desde agosto de 2022, la senadora Angélica Lozano le presentó al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen de justicia penal alternativa, que incluye sanciones efectivas de cárcel para delitos de pequeño valor económico, pero que más impacto tienen en la ciudadanía. Y también sanciones alternativas y restaurativas.
Hoy la impunidad es la principal aliada que tienen los delincuentes para seguir afectando la seguridad de los ciudadanos, y por eso la iniciativa propone atacar 15 de los delitos que tienen mayor impacto en la gente del común, entre ellos hurto, lesiones personales o daño en bien ajeno. Para hacerlo, los autores le plantearon al Congreso un nuevo sistema de justicia que sea rápido, sí dé cárcel, pero que también repare a la víctima y resocialice a quienes no son reincidentes.
Las cifras de impunidad son contundentes. En 2023 por hurto simple solo hubo condenas en el 0.7% de las denuncias y por hurto calificado en el 1.6% de los casos. La situación es tan dramática que, por ejemplo, por estafa solo se lograron dos condenas de 81 mil denuncias a la Fiscalía.
Este proyecto acelera los procedimientos de la justicia, para lograr que la Fiscalía priorice estos casos y los jueces requieran menos audiencias para emitir condenas. «Estamos cansados de escuchar casos de policías que capturan a los ladrones y no pasa nada porque los sueltan al otro día. Como no son condenados, los ladrones quedan sin antecedentes. Esto tiene que cambiar», asegura la senadora Lozano.
Cualquiera que cometa uno de estos delitos pequeños va a tener un arresto hasta por 6 meses en los CERTS, los Centros de Retención para la Transformación Social y la Seguridad Ciudadana que se crean y que son diferentes a la cárcel convencional. Hoy quien comete
uno de estos delitos se va para la casa.
La pretensión no es crear nuevas Picotas o Modelos, pero sí un lugar para que quien cometa un delito por primera vez tenga privación de su libertad. Eso sí, no irá a una cárcel donde sigue escalando en la “universidad del crimen”.
Además, la idea es acabar con la excarcelación de todos los delitos y evitar que ese beneficio de no cárcel sea hasta por robos de 4 salarios mínimos. Queremos llevarlo hasta 10 salarios.
Los delincuentes van a tener que reparar a sus víctimas y además hacer trabajo social no remunerado.
Llevamos año y medio trabajando en este proyecto y aunque tiene buen ambiente en el Congreso, el gobierno se opone.
La seguridad y la justicia son hermanas, tenemos que lograr que este proyecto, al que le faltan tres debates, se logre discutir en Senado y Cámara antes del 20 de junio. Es clave tener nuevas herramientas como las que da este proyecto, para que no sigamos en el reino de la impunidad de los delitos que más impacto tienen para los ciudadanos.
Aquí puede encontrar el proyecto completo:
