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© Angélica Lozano Correa, Senadora de la República de Colombia
Senado 2022 - 2026

Radicamos el Proyecto de Ley que promueve el derecho a la vivienda digna de los hogares de menores ingresos

Angélica Lozano Correa septiembre 6, 2023
Foto: Juan Carlos Gutiérrez (Prensa Secretaría del Senado)
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La propiedad es un derecho que se integra en un nivel de vida adecuado, y es fundamental para disfrutar de todos los derechos que conlleva un hogar, tales como los derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de que el propósito de proveer y fomentar el acceso a una solución habitacional en compra, arriendo o mejoramiento ha sido establecido en la agenda social, existen oportunidades para fortalecer la calidad e igualdad, las cuales en los hogares puedan tener un espacio adecuado, y en particular los programas y beneficios sociales.

Se presentan los principales elementos que sustentan esta situación:

1. Focalización de los hogares de menores ingresos.

2. Acceso y producción de vivienda social. 

3. Dinámicas demográficas diferenciales (tamaño del hogar, transición demográfica).

4. Calidad de la vivienda (estándares mínimos).

5. Acceso a servicios sociales y del cuidado.

6. Beneficios tributarios a la producción de vivienda (enfoque social).

Cabe destacar, que, si bien la vivienda de interés social muestra un comportamiento favorable, aumentando el número de unidades iniciadas y, por tanto, su participación en el mercado, pasando de pesar un 31 % en 2016 a 46 % en 2021 y al corte del primer trimestre esta participación es del 52,4 %; aun así, la brecha con la demanda aún persiste, ya que en el segmento de más de 2 y hasta 4 SMMLV (principal grupo de hogares que adquiere esta vivienda) hay cerca de 3.371.187 hogares en Colombia con ingresos +2-4 SMMLV, de los cuales 39,3 % son propietarios o la están pagando, y el restante 60,7 % está en arriendo o en otro tipo de tenencia.

Es de suma importancia reconocer ciertos aspectos fundamentales en relación con el derecho a la vivienda, como la adecuada vivienda, la cual implica que la vivienda debe cumplir con ciertos patrones mínimos de calidad. Esto implica factores como la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación, la seguridad, la infraestructura básica y la disponibilidad de servicios públicos esenciales.

La obligación del Estado es que este debe amparar el derecho a la vivienda. Esto significa tomar medidas para prevenir el déficit habitacional, ayudar a las personas a tener una vivienda digna y proteger a las personas contra el desalojo. Los estados deben adoptar políticas y programas para solucionar la falta de vivienda y la vivienda inadecuada.

Puede descargar aquí, el Proyecto de Ley que garantiza una vivienda Digna:

Proyecto de Ley- Vivienda.docx-1Descarga

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