Expertos independientes de organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado advirtieron que, aunque coinciden en la necesidad de mejorar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, el cronograma previsto por el Gobierno Nacional es irreal para los ajustes propuestos.
Los expertos advirtieron que el proceso de migración del SECOP presenta serios riesgos debido a la elección inadecuada de la modalidad de concurso de méritos, en lugar de una licitación pública con criterios rigurosos; la falta de planificación y financiación, lo que compromete la viabilidad del proyecto; los plazos reducidos, que limitan la evaluación y preparación de oferentes; el impacto de la Ley de Garantías en 2026, que podría generar inseguridad jurídica y afectar la contratación pública; la posible opacidad y fallas operativas, ya que la transición apresurada podría derivar en el uso de formatos físicos y contratación directa; la incertidumbre sobre la interoperabilidad con sistemas clave del Estado; y la falta de talento humano y recursos para garantizar un desarrollo robusto y una adecuada gestión de datos abiertos, poniendo en riesgo la transparencia y eficiencia en la contratación estatal.
Las alertas fueron socializadas durante un debate de control político citado por la senadora Angélica Lozano este 25 de marzo en la Comisión Cuarta del Senado. Como punto de partida la congresista explicó las diferencias entre SECOP I y II, pues de acuerdo a las fases de implementación, el primero es un portal de transparencia al que se cargan todos los documentos contractuales y el segundo es un portal transaccional.
Si se tiene en cuenta que 9 de cada 10 pesos públicos se contratan por estas plataformas, no es menor el riesgo que corre el país si hay errores o improvisación en su actualización”, advirtió Lozano.
Durante su intervención Lozano reveló un desafío mayor en la migración de la información y la estructuración de una nueva plataforma: la Ley de Garantías.
Llevamos 10 años de coexistencia de SECOP I y SECOP II. ¿Vamos a cambiar una plataforma nueva en 8 meses con la Ley de Garantías en la mitad? Eso no es realista”, resaltó la senadora, quien además cuestionó el mecanismo de contratación escogido para este fin. “Colombia Compra Eficiente en lugar de dar ejemplo abriendo una licitación, se fue por un atajo”, concluyó.
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¿Qué dicen los expertos?
Óscar Hernández, director de Open Contracting Partnership, organización que opera en más de 30 países y centra su trabajo en la transparencia de los contratos públicos, coincidió en que la propuesta del gobierno de implementar una nueva plataforma para SECOP en solo 8 meses no es aterrizada pues “la experiencia de distintos países muestra que este proceso toma 5 años para su actualización completa», explicó el experto.
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A su opinión se suma la de del abogado, asesor y profesor Iván Unigarro, quien explicó que, con el cronograma actual, el límite para hacer adendas es 14 de abril y la fecha máxima para presentar ofertas es el 16 de abril, lo que en la práctica significa que una empresa tiene 39 horas para presentar una propuesta. “Colombia Compra Eficiente aún está a tiempo de reevaluar abrir el concurso de mérito”, consideró el docente.
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Para Juan David Duque, abogado y profesor universitario, la transformación de los Estados no solo pasa por lo tecnológico sino también por la contratación pública. Cuidar la información de la contratación pública, entonces, es vital. “Tocar el sistema es tocar el corazón y hay afectación en la información que se publica, desde el ciudadano hasta el empresario”, manifestó el docente.
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También desde la academia el economista e investigador Kevin Mojica resaltó que la calidad de la información y la verificación de la misma es otro punto importante a tener en cuenta durante la migración. “La información se publica, pero se publica mal, sin comparar la información de la base de datos del SECOP con la información de los contratos. Podemos tener la mejor plataforma, pero si no aseguramos que las entidades registren información de calidad y cumplan la ley, no lograremos nada”, precisó el investigador.
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A su turno Oskar Sarquis, CEO de Soplus, empresa experta en digitalización de procesos de compras, gestión de proveedores y contratación, señaló que el cambio en SECOP es una oportunidad única para mejorar la contratación pública siempre y cuando se articulen 3 pilares: “la ley y los procedimientos, el software como medio y el control y vigilancia”.
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Mientras tanto Daniel Duque, director de tecnología del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aclaró que el cambio del SECOP es necesario, “pero requiere de tiempo y recursos para que su ejecución tenga mayor beneficio al costo que implicaría”.
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La sociedad civil también tuvo representación en este debate de control político, pues la organización Transparencia por Colombia pidió mesas de trabajo para incluir sus preocupaciones en este cambio de plataforma. “La arquitectura de la plataforma hay que revisarla tanto en la entidad como en la unidad ejecutora del gasto y las categorías de modalidad de contratación”, priorizó Camilo Peña, coordinador de la organización.
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El Ministerio Público estuvo presente a través de la Defensoría del Pueblo, cuyo delegado para la Protección en Ambientes Digitales, Santiago Pardo, pidió priorizar la usabilidad de la plataforma de SECOP. “Allí se aloja información pública y cualquier ciudadano debería poder consultarla con facilidad”, destacó Pardo, quien propuso un diseño centrado en el usuario.
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¿Qué respondió el Gobierno Nacional?
Cristóbal Padilla Tejada, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, fue el principal citado a este debate de control político. Durante su intervención dijo que, pese al costo anual de SECOP de $25.000 millones, aún presenta fallas, lo que justifica la necesidad de su renovación.
Por parte de Colombia Compra Eficiente también asistió Richard Bedoya, subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico, quien desde aspectos técnicos informó que 600 municipios no pueden acceder a SECOP II, por lo que el gobierno busca corregir dicha limitación teniendo una plataforma propia y unificada.
Pese a tener experiencias internacionales como referencia, sumado a los cuestionamientos de los expertos presentes, Guillermo Buenaventura, subdirector de Negocios, aseguró que el Gobierno Nacional hará una transición responsable.
La Ley de Garantías no afecta la puesta en marcha de la plataforma, ya que el SECOP es una herramienta, no un proceso de contratación en sí mismo”, manifestó el funcionario.
La senadora citante, Angélica Lozano, cerró el espacio reconociendo la validez del diagnóstico hecho por el gobierno, pues coincide -al igual que los expertos- en la necesidad de cambiar SECOP, no obstante, manifestó que “el diablo está en los detalles”, haciendo referencia al cronograma y los costos de la migración.
Están planteándose unos tiempos irreales y peligrosos para el Estado en general, de un plumazo, con un mecanismo de contratación equivocado y en solo 8 meses no podemos cambiar un sistema que lleva 22 años”, concluyó.
