El Senado de la República aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria que crea el Proceso Único Especial de Amparo Alimentario, una herramienta destinada a agilizar y fortalecer la protección del derecho de alimentos en Colombia. La iniciativa de la Senadora Angélica Lozano, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, representa un avance histórico para más de 3.000 mujeres que hoy enfrentan largos tiempos de espera para que los deudores alimentarios cumplan con sus responsabilidades.
El proyecto propone un proceso especial y expedito, similar a la acción de tutela, que permitirá a los jueces actuar de manera inmediata cuando exista una evasión grave y reiterada de la obligación alimentaria. La figura de Amparo Alimentario aplicará en casos donde no se haya fijado cuota y el deudor se sustraiga por completo de su responsabilidad, o cuando se acumulen tres o más cuotas en mora.
Uno de los avances más relevantes es que el juez contará con herramientas para consultar en tiempo real la capacidad económica del deudor alimentario. A través de una plataforma integrada, administrada por la DIAN y el MinTIC, los jueces podrán acceder a información del RUNT, entidades financieras, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, la Registraduría y otras bases oficiales. Con este sistema se elimina la posibilidad de “esconder ingresos” o dilatar el proceso a través de maniobras económicas.
El proyecto también introduce una reivindicación clave para miles de madres y cuidadores: el reconocimiento del trabajo de cuidado como factor para fijar la cuota alimentaria. La norma establece que el juez deberá considerar la carga de cuidado que asumen quienes garantizan la sobrevivencia, bienestar y desarrollo del niño, niña o adolescente.
Además, la iniciativa impulsa la implementación de un mecanismo de pago por libranza, previsto desde 2022 pero aún sin ejecución. Con este sistema, el aporte alimentario podrá descontarse directamente del salario o ingresos periódicos del deudor, y girarse a una cuenta exclusiva del beneficiario, reduciendo así el riesgo de incumplimientos.
El Amparo Alimentario tendrá competencia en todos los jueces de la jurisdicción ordinaria, con prelación sobre acciones diferentes a la tutela, lo que busca evitar demoras como las que hoy caracterizan los procesos de fijación y cobro de alimentos. Actualmente, un proceso verbal sumario puede tardar en promedio 249 días y un proceso ejecutivo hasta 484 días, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura.
La problemática afecta especialmente a mujeres, quienes en la mayoría de casos asumen la totalidad de la carga económica y de cuidado. De acuerdo con datos de la Fiscalía, el 92,3% de las denuncias por inasistencia alimentaria se presentan contra hombres, configurándose no solo como un incumplimiento económico, sino también como una forma de violencia económica y de género.
Aunque el proyecto supera un paso clave en el Congreso, aún no es ley. Le restan dos debates en la Cámara de Representantes. Sus autores y ponentes insistieron en que este avance envía un mensaje claro: el pago de alimentos no es una opción ni un favor, sino una responsabilidad legal ineludible.
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