El primer proyecto pretende la eliminación de beneficios penales como el cumplimiento de la pena en centros de reclusión especial para personas que sean condenadas por corrupción.
En otros palabras, se buscan medidas para la sanción efectiva de los delitos dolosos cometidos contra la administración pública, delitos dolosos contra la administración pública y los que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia, a través de la eliminación de beneficios penales.
El segundo proyecto prohíbe que los condenados por corrupción y las empresas de las que hacen parte puedan volver a contratar con el Estado, y le da la capacidad al gobierno para terminar los contratos con los corruptos sin lugar a indemnización.
