- El DPS coordina la política para reducir la pobreza y es la cabeza del sector Inclusión Social que maneja $10 billones en entidades como el ICBF, la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria.
- El DPS maneja jugosos recursos en programas como Familias en Acción y la Red Unidos, además hace infraestructura los municipios del país.
- Richard Aguilar tuvo serios cuestionamientos durante su gestión como gobernador de Santander y ha estado involucrado en lógicas electorales que no deben primar en una institución como el DPS.
Las estrategias públicas para reducir la pobreza y mejorar mecanismos de focalización no deben ser manejadas con criterio electoral. En octubre del año pasado, el presidente Santos declaró con júbilo que por primera vez en la historia en Colombia ya había más “clase media” que pobres. Esto está en peligro si no se nombran técnicos en la dirección del Departamento para la Prosperidad Social DPS.
Del DPS dependen programas como Familias en Acción y la Red Unidos que pueden ser manipulables por la ampliación de cupos regionales que respondan a criterios electorales y no a focalización para acabar con la pobreza. A su vez, los cuantiosos recursos en infraestructura sirven para untar de “mermelada” a las regiones donde se esconden prácticas para beneficiar a los que financiaron campañas, verdaderos monumentos a la corrupción. Con plata del DPS se pueden hacer desde hospitales, vías, colegios y centros comunitarios o deportivos, todo un botín para la infraestructura.
La entidad tiene 11.000 funcionarios, $3,8 billones de presupuesto y una enorme cantidad de cargos de libre nombramiento y remoción en todos los departamentos del país. Además, para la construcción de paz, el DPS es una entidad fundamental, pues puede ayudar a fortalecer la presencia del Estado en los municipios. También, es la cabeza del sector inclusión y reconciliación social, al que están adscritos el ICBF, la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria. En ese sentido, el DPS además de tener un rol directo en la consolidación del posconflicto debe dar línea a estas entidades y puede terminar teniendo injerencia en la forma como se invierten sus recursos, que suman en total alrededor de $10 billones. Un poder casi absoluto para la construcción de paz.
Desde su creación el DPS ha estado a cargo de personas alejadas de la política electoral como Bruce McMaster, Samuel Azout, Beatriz Linares y Tatiana Orozco. Sin embargo, en una extraña decisión, el gobierno nacional se propone nombrar ahí al exgobernador de Santander Richard Aguilar. Aguilar llegó a la gobernación de Santander gracias a la popularidad de su papá, el cuestionado exgobernador Hugo Aguilar.
La administración de Aguilar también cometió negligencias al revisar contratos con regalías que hicieron que desde hace 5 meses Planeación Nacional no le haga giros de regalías a Santander. Además, la Silla Vacía denunció que en los dos últimos meses del gobierno de Aguilar se hicieron 400 contratos por $90.000 millones, entre los que estaban dos contratos repetidos (con el mismo objeto y plazo de ejecución). También, en los últimos días de la administración se firmaron convenios administrativos para ejecutar alrededor de $7.500 millones en tres municipios, una asociación indígena y la empresa de servicios públicos. Más atrás, en 2013, la administración Aguilar fue puesta en evidencia cuando trataba de cometer irregularidades en exigencias de algunos contratos por el entonces secretario de Transparencia de Presidencia Carlos Fernando Galán.
Entregarle el DPS a un político que ha cometido irregularidades en contratación y que ha sido cuestionado por sus prioridades de inversión es gravísimo para el país, es una entidad que requiere un gerente serio y responsable que focalice los recursos en las personas que menos oportunidades tiene, que no ponga riesgo la efectividad de la lucha contra la pobreza y garantiza la idoneidad que se requiere para proteger a la población más vulnerable del país.
