Explico los puntos más importantes de las ponencias:
- Olga Victoria Rubio: Pide que en acuerdos separados se derogue el POZ Norte y se haga una reforma al Acuerdo 7 de 1987 (que es el estatuto de valorización); apoya la simplificación de la fórmula pero pide que se haga a través de la reforma al estatuto; no comparte la eliminación de las fases 3 y 4; no está de acuerdo con la exclusión de predios con valor inferior a 80 millones de pesos; no comparte que la Caracas se haga por beneficio local sino y considera que el mantenimiento local no cabe en valorización; aclara que excluir el grupo 2 resultaría en un detrimento patrimonial; pregunta por qué no hubo participación ciudadana en la escogencia de las obras; da 6 meses de plazo para la presentación de nuevo estatuto y condiciona a ellos el POZ Norte y las fases 3 y 4; retira del cobro los estudios, diseños y compra de predios del grupo 3 y de espacio público del cobro actual.
- Yezid García: Es el único que hace comentarios a los 5 proyectos; establece una reducción 62.000 millones por administración y recaudo; dice que el mantenimiento de malla vial sí valoriza; propone modificar las compensaciones, los predios excluidos y el plan de obras; propone sustituir la devolución de dineros por la compensación en el marco del estatuto tributario, establece que si un propietario tiene 2 o más predios con avalúo superior a los 80 millones deberá pagar; propone que las Juntas de Acción Comunal no paguen y que el énfasis de las obras esté en la construcción de los deprimidos.
- Venus Albeiro Silva: Está en desacuerdo con los deprimidos de la Caracas y proponen fuentes alternativas de financiación como la nación o los operadores; no está de acuerdo con la financiación de malla vial con valorización; respalda la derogación de POZ Norte; respalda la fase 2 con nuevas obras en el sur: pide 11 vías y 7 parques, según sus cálculos esto hará que el recaudo pase de 350.000 a 550.000 millones de pesos.
- Nelly Patricia Mosquera: Dice que mantenimiento vial no se debe hacer por valorización; recuerda que la propuesta sobre espacio público solo busca hacer los deprimidos pero no dice nada sobre el espacio público; establece que el único ahorro real sería el retiro de POZ Norte pero pide que se derogue con un proyecto independiente que analice la capacidad de pago de los predios; establece que excluir las obras del grupo 2 es detrimento patrimonial, además, acabar con fases 3 y 4 echa al traste la expectativa que la ciudad ha construido sobre esas obras de valorización; dice que las obras propuestas no tienen estudios ni diseños y que no atacan los problemas que obligaron a su formulación y trámite; propone retirar los proyectos de espacio público.
- Omar Mejía: Es el único que presenta ponencia negativa; dice que excluir al grupo 2 es detrimento patrimonial y que la gente está esperando las fases 2, 3 y 4; las obras propuestas se presentaron con presupuestos indicativos y eso puede generar sobrecostos; no hay sustento técnico para excluir a los predios con avalúo inferior a 80 millones y este sistema de cobro termina por gravar doblemente la propiedad; establece que la valorización no fue creado como un sistema de redistribución de riqueza; no se cumple con el requisito legal de contar con la participación ciudadana; Mejía fue ponente del POZ Norte y no puede derogarlo porque sí.
Tienen razón los concejales en muchas de sus opiniones, de ellas tomo atenta nota para la discusión. Sin embargo, insisto en mis puntos que defenderé en el debate:
- Es urgente suspender los términos de pago en los casos anómalos, donde los cobros sean excesivos y que tengan espacio para reclamos justos. La administración debe garantizar una atención eficiente, clara y oportuna para los reclamantes.
- Excluir del presente cobro, la compra de predios de unas obras que aún no se sabe cuándo se harán –grupo 3–, significa una reducción efectiva e inmediata del 48% del total del recaudo. Si se decidiera por consenso esta alternativa, de los 850.000 millones que se deben cobrar la cifra quedaría en 442.000 millones, una rebaja automática de casi la mitad de las contribuciones que hoy se cobran.
La reforma del Acuerdo 7 de 1987, que es el estatuto marco que fija las reglas generales con las que se pueden aplicar los cobros por valorización. El Acuerdo 7 es una norma arcaica que no incluye principios constitucionales y legales de equidad porque simplemente fue expedido antes de la Constitución de 1991 y el Estatuto Orgánico de Bogotá.
