El pasado 29 de octubre, un grupo de congresistas de diversos partidos, líderes del Chocó y dos organizadores ambientales, WWF y Foro Nacional Colombia, realizaron un sobrevuelo y un recorrido en lancha por el río Quito y el río Atrato del departamento del Choco junto con la asesora ambiental de la representante Angelica Lozano, para visibilizar los impactos y daños ecológicos irreversibles que la minería ilegal a generado.
A lo largo del bosque y en las orillas de los abundantes ríos se ven sin ningún tipo de restricción los buldóceres que cavan durante más de 18 horas continuas para extraer el anhelado oro. Solo cuando las maquinas paran o las empresas dan vía libre, algo más de 30 personas incursionan en la búsqueda del metal de manera artesanal (barequiar).
La búsqueda de la más mínima pieza de oro genera contaminación en el agua, afectando no solamente la estética natural de las afluentes y el paisaje en general, sino que también a las personas que se valen de esos ríos para lavar, comer y bañarse, además de la pesca que se ve como una alternativa de empleo y una fuente de alimentación.
Estudios realizados por varios autores (Jaramillo, León y Colmenares) aseguran que la historia del departamento, en cuanto a la minería, se divide en 4 etapas:
1.El método tradicional e la explotación del material con las técnicas de aluvión y bateo.
2. La llegada de empresas norteamericanas e inglesas que introdujeron el sistema de dragas y taladros humanos para la extracción.
3. La mediana minería a través de retroexcavadoras traída del Bajo Cauca antioqueño
4. Y la actual, la minería de megaproyectos y la minería ilegal
Por otro lado, y teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que La Unidad de Planeación Minero Energético UPME reconoce solo tres distritos mineros para el otorgamiento de exploración y explotación en el departamento: Istmina, Atrato y Frontino.
Para explicar la grave situación de contaminación ambiental por la que atraviesa el departamento del Chocó, Ximena González, vocera de la Fundación Tierra Digna y quien lidera la tutela que estudia la Corte Constitucional por la misma situación, mencionó cuales son las problemáticas que aquejan la cuenca del río Atrato ; “En primer lugar, las consecuencias de la explotación minera informal en la parte del alto y medio Atrato, en segundo lugar tenemos unos efectos ambientales la explotación forestal en la parte del Bajo Atrato, y tenemos un problema y es la falta de servicios públicos tanto acueducto, alcantarillado, sistemas de manejos de basuras para toda esta población. Destaco que el río Atrato es el tercer Río más importante en Colombia, debido a que cuenta con 13 ríos afluentes, han detectado problemas de contaminación en seis de esos afluentes (Río Quito, Río Andágueda, Río Negua, Río Bebaramack, Río Bebarack, Río Cavi), lo cual afecta alrededor de 70 mil personas, principalmente comunidades indígenas y afrocolombianas. Así mismo, manifiesta que la contaminación también afecta a cuatro pueblos indígenas principales, los Embera Katio, Embera Dovidas, Embera Chami y Guanal, que están en una situación bastante crítica, una situación humanitaria alarmante, se detectó que en 2014 murieron 14 niños al parecer por la degradación ambiental y con la propagación del paludismo, en la zona del bajo Atrato murieron 37, el panorama no es fácil”.
La minería ha afectado de manera grave el medio ambiente en el Chocó, la deforestación de extensas áreas de bosque, la excavación desordenada, la desviación de caudales, la contaminación de los suelos, la generación de residuos peligrosos y los altos índices de mercurio, son apenas algunos ejemplos de los resultados del deterioro y contaminación que vive el departamento.
Pero lo anterior no solo se debe a la actividad de la empresas privadas, estas tienen la ayuda del otro 90% de minería ilegal. Así lo afirman la Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), Fundación Tierra Digna, y Representantes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch). La efectos de la contaminación de la minería ilegal no se quedan solo en el Chocó, el rio Atrato desemboca en el mar caribe y el rio San Juan donde hay mayor actividad minera la cual desemboca en el pacifico y ambos llegan al mar.
Consciente de la problemática del mercurio y comprometido con los lineamientos planteados por el Convenio de Minamata, el Estado Colombiano ha realizado grandes esfuerzos como la Ley 1658 de 2013 de Mercurio, el Plan Único de Mercurio, el Registro de Uso de Mercurio, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Mercurio en la Minería aurífera o artesanal a Pequeña Escala, los cuales permiten la eliminación gradual del uso de ésta sustancia y la reconversión productiva de las actividades que lo usan. Sin embargo, las buenas intenciones se han estrellado con leyes que no permiten acciones efectivas de la Policía, el Ejército y las instituciones judiciales. Por esta razón, la semana pasada el mismo Gobierno presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley «Por medio de la cual se establecen disposiciones para controlar la explotación ilícita en yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones» que busca nuevas herramientas jurídicas y policiales para combatir la minería ilegal.
Así mismo, el Gobierno Nacional presento a este Congreso el Convenio de Minamata, por lo cual invito a todos los integrantes de la Cámara y de la Comisión correspondiente a aprobarlo. Reitero es un paso necesario que el país necesita. Resalto que Colombia fue uno de los protagonistas en las negociaciones del Convenio, considerando su importancia y entendiendo las realidades ambientales que genera la utilización del mercurio. Colombia desea que el compromiso que demostraron las delegaciones durante las diferentes etapas de la negociación se materialice y la aprobación se dé lo más pronto posible con el fin de adoptar medidas de protección para prevenir, minimizar y eliminar la exposición de mercurio a trabajadores y poblaciones vulnerables en los tiempos establecidos.
