Hace un año la Comisión Primera de Cámara se estrenó con un debate de control político para conocer la situación de violencia contra la población LGBTI. Hubo cosas positivas y negativas y un anuncio rimbombante del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, antes de salir corriendo para una reunión con la Unidad Nacional dijo que en diciembre de 2014 estaría lista la Política Pública para la garantía de los derechos de la población LGBTI.
No estuvo, hicimos reuniones una y otra vez y desde el ministerio nos dijeron que el anuncio había sido apresurado, la verdad era que antes de marzo no podrían tener una política pública que efectivamente atacara la discriminación y la homofobia. El 6 de febrero radiqué nuevamente en el ministerio del Interior una carta preguntando por los avances del documento de la política y me respondieron con evasivas, incluso sus funcionarios estuvieron reacios a incluir un artículo en el Plan de Desarrollo para garantizar recursos e iniciativas para la población LGBTI, que finalmente fue incluido por proposición de la Alianza Verde.
En abril, el Gobierno Nacional pasó la formulación de la política pública LGBTI a la Alta Consejería Presidencial de Derechos Humanos para darle celeridad a un proceso que acumulaba casi 6 años de retraso. El Alto Consejero se comprometió a revisar el documento y tenerlo listo para la Marcha del Orgullo Gay de Bogotá, el 28 de junio. Llegó el día, el consejero se montó en la tarima pero el documento no apareció.
La realidad es que un año ha pasado y la política pública no existe, está en el Plan Nacional de Desarrollo pero no se conocen avances de su formulación. Con el documento en mano, podríamos hacer recomendaciones y empezar a hacer seguimiento al plan de trabajo propuesto, además, serviría de guía para que alcaldías y gobernaciones incluyan en sus planes de desarrollo el año entrante metas y propuestas directas para la población LGBTI.
Es cierto que durante este año hubo cambios y avances importantes: el 4 de junio el ministerio de Justicia facilitó los trámites de identificación de las personas trans; también, el ministerio de Interior, Justicia y Salud han presentado intervenciones ante la Corte Constitucional para permitir el matrimonio igualitario y la adopción a todas las parejas. Sin embargo, la promesa sigue incumplida.
El ministerio dice que esa responsabilidad se la habían quitado y que se la han pasado a la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. En efecto, desde hace un par de meses está allí dando vueltas el documento con revisiones que no hemos podido conocer ni los congresistas ni la sociedad civil y ahora reposa en el Ministerio de la Presidencia. Si el documento sigue dando vueltas será muy difícil que las personas LGBTI dejemos de ser ciudadanos de segunda categoría.
