El martes 11 de diciembre de 2018, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, se radicó el proyecto que tiene como propósito hacerle frente a la urgente necesidad de visibilizar y poner en la agenda pública los obstáculos del sector minero. Lo anterior, debido a que se han identificado serias falencias en la normatividad vigente para la garantía de los derechos individuales y colectivos.
En la radicación del proyecto estuvieron presentes los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino, y los Representantes de la Cámara, Crisanto Pisso, Ciro Fernández y Luciano Grisales. Esta iniciativa fue construida durante un año con el apoyo de WWF Colombia, el Foro Nacional Ambiental y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
De esta manera, la proliferación de conflictos socioambientales asociados a la minería, que se evidencia en 7 consultas realizadas en 2017 y más de 54 de ellas pendientes de realizarse, muchos de los cuales están ligados a los vacíos existentes en la reglamentación vigente han hecho evidente la necesidad de actualizar el Código de Minas vigente para ajustarlo a la realidad del país y sus regiones.
El aumento de la movilización social y la proliferación de mecanismos de participación ciudadana para prohibir actividades extractivas, así como en el crecimiento de decisiones judiciales al respecto, llevan a poner en el centro del debate las necesidades de las comunidades, de las entidades territoriales, así como la protección del ambiente. Además, las dificultades jurídicas de la industria minera, instan a replantear la importancia del sector para el desarrollo del país y acorde con los requerimientos de sentencias de la corte constitucional.
En este sentido, el proyecto recoge seis aspectos generales que tienen que ver con dimensiones problemáticas del vigente Código de Minas: i) los aspectos que tiene que ver con marco legal y jurídico, ii) aquellos que tiene que ver con fortalecimiento de la institucionalidad pública, en especial la del sector minero, iii) los temas de gestión ambiental, iv) los aspectos económicos, v) las relaciones entre institucionalidad, sector minero y comunidades, y vi) los efectos para el desarrollo local.
Esta propuesta de reforma a la Ley 685 de 2001 partió de recomendaciones de expertos, de documentos de política pública, de organismos de control, mandatos de sentencias de las altas cortes, academia y que se nutre con discusiones en regiones mineras y con organizaciones sociales y ambientales, pequeños mineros, gremios mineros, y académicos y que aborda sus principales preocupaciones en temas como:
- Seguridad jurídica
- Ordenamiento territorial
- Participación ciudadana y relación con las comunidades
- Fortalecimiento institucional y coordinación nación territorio
Para su desarrollo, el proyecto aborda aspectos generales del ordenamiento jurídico minero, propuestas que buscan enfrentar la extracción ilícita de minerales, e intentan mejorar la coordinación nación-territorio, así como lograr la armonía sectorial e intersectorial. De igual manera, se presentan en el cuerpo del proyecto propuestas sobre las funciones de planeación, control evaluación y rendición de cuentas, así como de fortalecimiento a institucionalidad local, la gestión del conocimiento en el sector, y el desarrollo de buenas prácticas basados en altos estándares de gestión minera.
En materia de gestión ambiental, el proyecto propone algunos instrumentos legislativos que permitan la armonización entre el sector minero y el ambiental, y avanza también en propuestas que permiten comenzar a construir un ordenamiento territorial ambiental que preceda las dimensiones estrictamente productivas.
En materia económica y financiera el proyecto incorpora disposiciones sobre regalías, infraestructura, productividad y encadenamientos productivos. Sin embargo, es en el tema de relaciones entre institucionalidad, sector minero y comunidades y el desarrollo local donde la propuesta presenta las mayores apuestas, pues trata de resolver complejos aspecto rente a la autonomía territorial y la
El proyecto puede resultar útil para generar mayor confianza y mejor desempeño del sector minero en el país. confiamos en que ella sea bien recibida por el Gobierno Nacional, que promueva discusiones que la enriquezcan y que reflejen las necesidades de para un desarrollo sostenible del sector en el país. Este proyecto quiere ser un insumo para empezar a resolver los mayores problemas que abordan la industria minera.
