La intención es acabar con la asignación de recursos para las regiones beneficiando políticamente a los congresistas, y volver transparente el proceso de decisión de inversión de esos recursos, que el presupuesto no se discuta a puerta cerrada sino por el contrario, que se presente de forma pública en audiencias regionales a la ciudadanía, que los congresistas rindan cuentas sobre los proyectos que impulsan y que los ciudadanos puedan ejercer veedurías efectivas sobre el destino final de los recursos y el avance de los proyectos.
