#NoEnredenLaPaz: último informe multipartidista de la implementación del Acuerdo de Paz
En el marco de la función de control político del Congreso de la República, Representantes y Senadores de diferentes partidos políticos publican el último informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, con base en evidencia, después de 34 visitas a los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza y entendiendo que el control político sistemático y riguroso podía y debía ir más allá de la citación a debates en el Congreso de la República.
A partir de 2018, entre la falta de capacidad del Estado para copar los espacios que dejaron los excombatientes de las FARC tras el desarme y la llegada del Gobierno Duque al poder –que se eligió con las banderas del triunfo del No en el plebiscito–, el deterioro de las condiciones de seguridad en la ruralidad no se hizo esperar. Las cifras hablan por sí solas.
- Entre 2017 y 2021 hubo un incremento del 5,5% en la tasa de homicidios a nivel nacional. Este crecimiento afectó especialmente a los municipios PDET en donde el aumento entre 2016 y 2021 fue del 38,9%.
- Entre 2017 y 2020 hubo un incremento del 44,4% en homicidios de líderes sociales y entre 2016 y 2021 del 278,9% en el número de masacres.
- Entre 2017 y 2021 las víctimas de desplazamiento masivo aumentaron en un 478,7%, las de minas antipersonal en un 157,6%, y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública en un 78,3%.
Algunos de los hallazgos del informe son:
- Avances legislativos: de las 107 normas necesarias para la implementación aún están pendientes el 33,6%. El Punto 1 sobre reforma rural integral es el más rezagado, con 21 normas pendientes de trámite.
- Presupuesto: De los 5,3 billones que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los PDET según el Plan Marco de Implementación, solo se ejecutaron al año 170,5 mil millones, es decir el 3,2% de lo que se necesita para cumplir con lo acordado. La situación es especialmente grave en la subregión Pacífico Medio en la que se ha invertido tan solo el 2,3% de lo requerido.
- Reforma Rural Integral (punto 1): del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras (1.912.868), solo el 25,37% han sido distribuidas y solo el 2,57% se han entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. A su vez, del total de hectáreas formalizadas (2.612.983,78), solo el 50,56% ha sido formalizada a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y solo el 27,8% del área geográfica del país cuenta con actualización catastral.
- Apertura democrática (punto 2): la implementación de este punto es sobre todo normativa y están pendientes el 50% de las requeridas, incluyendo la reforma política con base en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), ley de participación ciudadana y regulación de la protesta pacífica, y la reforma al código electoral. Además, solo el 24% de los municipios en los que se han otorgado licencias para emisoras comunitarias son municipios PDET.
- Reincorporación (punto 3): del total de excombatientes de las FARC que dejaron las armas, el 36,3% aún no cuenta con un proyecto productivo financiado por el gobierno. Además, el número de proyectos individuales superó el número de proyectos colectivos, haciendo aún más difícil su sostenibilidad. Y desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 315 excombatientes.
- Solución al problema de las drogas de uso ilícito (punto 4): aunque entre 2017 y 2020 se redujeron las hectáreas de coca en un 16,7%, entre 2019 y 2020 aumentó el rendimiento promedio de la cocaína en un 18%. Esto se debe, al menos en parte, a que tras 5 años de implementación del PNIS, el 44,6% de las familias aún no tiene proyecto productivo de ciclo corto y el 97,6% no tiene proyecto productivo de ciclo largo.
- Víctimas y justicia transicional (punto 5): de las 9.263.826 víctimas registradas, solo el 16,5% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 61 años llegar a todas. Los avances de la JEP, la CEV y la UBPD han sido importantes, pero es determinante poder asegurar que se conozcan todas las verdades, que se impongan y empiecen a ejecutar las sanciones, y que se agilice el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
Quienes suscribe el informe son Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde; Iván Cepeda del Polo Democrático; Temístocles Ortega, David Pulido y Julio César Triana, de Cambio Radical; Roosvelt Rodríguez, John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas del Partido de La U; Harry González, Juan Carlos Losada, Carlos Ardila, Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; Gabriel Santos del Centro Democrático; y Felipe Muñoz del Partido Conservador.
