Por Ana María Llorente, asesora ambiental
La protección a los líderes sociales, la transición energética, el control de la deforestación y la conservación de la biodiversidad son los retos más grandes que el país deberá afrontar durante los próximos cuatro años. Es fundamental que desde el legislativo se articulen acciones efectivas con el Gobierno entrante para poder abordar estos desafíos.
Si bien este conjunto de retos no es nuevo en la agenda ambiental del país, en este periodo, particularmente, toman una importancia superlativa por los resultados a nivel político tanto en la conformación del Congreso como en la elección presidencial. Pareciera que esta vez el tema ambiental ya no será solo un discurso llamativo para la esfera internacional, sino que se convertirá en una apuesta real por cambiar de fondo las realidades de los territorios bajo el precepto de justicia ambiental y social.
La justicia ambiental no es más que un principio básico que debe regir alrededor del uso de los bienes y servicios que nos provee el medio ambiente de manera justa y sostenible sin detrimento al buen vivir y el derecho a un ambiente sano.
Para lograr este cometido, es necesario sin lugar a duda afrontar los retos de manera articulada y con la participación activa de las comunidades. Esto último ha sido el talón de Aquiles de intentos previos por controlar problemáticas que no han sido atacadas desde la raíz y mucho menos vistos desde una mirada sinérgica. Todo está conectado. La protección de líderes sociales es el punto más álgido dado que ellos se han convertido en objeto de presiones y amenazas derivadas de los múltiples conflictos socioambientales que existen a lo largo de la geografía nacional justamente por la ausencia de esa justicia ambiental y social a la que se suma una constante desprotección por parte del Estado. El recrudecimiento de la violencia contra líderes ambientales y sociales durante 2020 y 2021 ha colocado a Colombia en el primer puesto a nivel mundial en número de asesinatos de estos defensores. Según la organización Global Witness se registraron 64 y 65 en 2019 y 2020 respectivamente.
También hay otros enormes desafíos como el de la conservación de la biodiversidad y la protección y ampliación del Sistema de Áreas Protegidas. Ambos son fundamentales para lograr el equilibrio ecosistémico y la protección de la riqueza ambiental del país.
Estos son algunos datos relevantes sobre los desafíos que Colombia deberá enfrentar este periodo:
¿Por qué es importante del bosque amazónico para el clima local y mundial?
Bajo condiciones naturales, las plantas extraen el CO2 de la atmósfera y lo absorben en la fotosíntesis, un proceso creador de energía que produce oxígeno, el cual es liberado de nuevo en el aire y carbono y permite que la planta crezca. Por lo tanto, sin bosques tropicales el efecto invernadero probablemente sería aún más pronunciado, y es posible que el cambio climático empeore aún más en el futuro. 1
Deforestación en cifras
Existe una gran preocupación por las cifras de deforestación. Este indicador ya sobrepasó el promedio de las 100 mil hectáreas en promedio al año en el bioma amazónico, un escenario que plantea dudas sobre el cómo se combatirá este fenómeno cuando el país se acaba de comprometer a reducir en un 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Deforestación anual en el bioma Amazónico. Fuente: IDEAM (2013 – 2020). Global Forest Watch (2021)
Líderes sociales
Además de los registros de Global Witness de 2019 y 2020 que ubican a Colombia como el país que representa mayor amenaza para la defensa del medio ambiente al presentarse 64 y 65 asesinatos respectivamente; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe reciente aseguró que durante el 2021 la situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia continúa siendo alarmante. La entidad contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021 y preliminarmente para los primeros cuatro meses del año en curso (2022) se ha reportado la muerte de 89 activistas.
Hacia la transición energética
El cambio de modelo económico que reemplace las energías provenientes de los recursos no renovables como el petróleo y el carbón más que una obligación es un deber con la supervivencia de la humanidad. La crisis climática ya se está viendo en nuestro país y esto es solo el principio de una catástrofe que va a terminar afectando a los más pobres y vulnerables. La descarbonización debe ser gradual y apalancada por otras energías más limpias que le permitan no solo a los territorios liberarse de yugos de décadas de sacrificio por la explotación de combustibles fósiles, sino plantear el crecimiento de la economía en otra dirección, una que ponga al campo, la agricultura y el turismo en el primer renglón y nos permita lograr la independencia de minerales que ha generado un daño significativo en regiones como Cesar y La Guajira -en el caso del carbón- y el valle medio del río Magdalena –en el caso del petróleo-.
Cumplir con los compromisos nacionales de reducir el 51 % de nuestras emisiones de gases efecto invernadero a 2030 no será fácil, y mucho menos si mantenemos en nuestra matriz energética la dependencia al petróleo mediante la introducción de tecnologías riesgosas que están siendo prohibidas a nivel mundial como el fracking, y si optamos por arrasar territorios agrícolas a cambio de obtener unos cuantos lingotes de oro que terminan en las bóvedas de otros a costos altísimos en la calidad y la disponibilidad de agua para consumo humano.
