¡La igualdad es imparable! Nuestra agenda legislativa en género y diversidad

Tiene como objetivo garantizar la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público a través del aumento del 30% al 50% en el porcentaje mínimo en cargos de nivel decisorio. Este proyecto rescata el enfoque de género del Código electoral que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Se han dado avances en esta medida que ha sido significativos, pero se requiere desplegar esta herramienta para obtener un impacto sobre la configuración de los cargos en el Estado. En ninguna de las ramas públicas las mujeres llegan a ocupar el 50%. En el 2020 en el Ejecutivo llegaba al 45%, 30% para el legislativo en el 2022, en la rama judicial ocupan entre un 20% y 30% a excepción de la JEP y tribunales de paz en donde hay paridad.

Tiene como objetivo establecer medidas de prevención, protección y reparación a las víctimas de acoso sexual, sexual digital y otras formas de violencia sexual en el contexto laboral, profesional y educativo; así como sancionar a las personas que cometen dichas conductas.

En la iniciativa se incluyen medidas como un Plan Transversal para la eliminación del acoso sexual a cargo del gobierno nacional, obligaciones a los empleadores y ARL, aumento del tiempo de estabilidad laboral y contractual reforzada para las personas víctimas, tratamientos sancionatorios para los casos de acoso sexual y mecanismos de queja para la recepción de denuncias.

El objetivo es establecer medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política para asegurar un ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales y la participación en condiciones de igualdad.

El proyecto incluye la tipificación de las conductas consideradas violencia política; la obligación del Gobierno para adelantar planes y programas para garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida pública; la prohibición de propaganda electoral que promueva la violencia contra las mujeres; y la obligación de estatutos para los partidos políticos que contemplen medidas de prevención, atención y sanción para casos de violencia política contra mujeres.

Regular los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales para asegurar a las personas el acceso a servicios de salud con enfoques diferencial, territorial y de derechos humanos.

Contempla medidas para salvaguardar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional; regular la objeción de consciencia en acceso a servicios de salud; implementación de la catedra de educación sexual; establecer el derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos; entre otros.