¿Qué proponemos por el medio ambiente desde el Congreso?

El objeto del proyecto de ley es modificar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 para la Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Este artículo declaró de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, asimismo, ordenó que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (PSA).

Sin embargo, a más de 20 años de sancionada la Ley 99 de 1993 y a casi 10 años de la reglamentación de su artículo 111, es conveniente analizar si esta fuente de recursos puede brindarles a las entidades territoriales las herramientas necesarias para seguir preservando estas áreas estratégicas para el recurso hídrico y enfrentar los desafíos de la actualidad, en el marco de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Es por ello, que se amplía el horizonte de ejecución de estos recursos haciendo que las actividades de mantenimiento deben realizarse en cualquier predio público independiente de la fuente de recursos empleada para su adquisición, ya que lo importante es proteger y conservar las áreas abastecedoras de acueductos municipales y/o departamentales, independiente de la fuente de recursos con que hayan sido adquiridas.

Asimismo, y aunque el artículo debe seguir vigente en el sentido de conservar las áreas de interés estratégico para la conservación del recurso hídrico, también debe actualizarse de acuerdo a los desafíos actuales de la Nación y los territorios, especialmente frente a las metas nacionales e internacionales frente a la adaptación al cambio climático (Ley 2169 de 2021) y en el marco de la Declaratoria de Emergencia Climática en Bogotá (Acuerdo 790 de 2020).

Su objetivo es disminuir el contenido de azufre en la gasolina para mejorar la calidad del aire y resguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano. Con esta iniciativa se establecen límites máximos de emisión de contaminantes al aire en los vehículos que se fabriquen o importen para circular en el país.

La exposición a altas concentraciones de los elementos químicos presentes en los motores a gasolina es letal. En el país se han presentado alrededor de 5.000 muertes atribuibles a los materiales particulados que emiten los vehículos. Por tal razón, el mejoramiento de la calidad del aire es vital para garantizar la salud de los colombianos.

Esta iniciativa pretende establecer al agua como “derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia” teniendo en cuenta que es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos y las generaciones futuras.

Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y disponibilidad, así como garantizar a la población el acceso a este recurso hídrico vital para atender sus necesidades básicas.

Garantizar la protección de los humedales designados y declarados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar que el Congreso colombiano aprobó en 1997. Mediante esta iniciativa se prohíben actividades de exploración o explotación de recursos no renovables, actividades agropecuarias de alto impacto y la urbanización en estos ecosistemas que ofrecen una amplia gama de servicios ecosistémicos para el desarrollo sostenible.

Colombia tiene doce (12) sitios Ramsar, entre ellos la Ciénaga grande de Magdalena, la laguna de la Cocha, en Nariño, y la del Otún, en Risaralda, que tienen un área aproximada de un millón de hectáreas.

Se establecen condiciones y requisitos especiales para el transporte aéreo de fauna silvestre rescatada o decomisada por las autoridades ambientales.

Los procesos de traslado y recuperación de estos especímenes silvestres con fines de urgencia pueden llegar a ser tan problemáticos como la misma cadena de tráfico animal por la escasa regulación y de coordinación de autoridades.

Se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental que se expidió en 2009 con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir, sancionar a quienes cometan acciones contra el medio ambiente y dar respuesta a las debilidades normativas existentes para poder afrontar efectivamente la problemática de protección de los recursos naturales y el tráfico animal.

Entre las medidas que se promueven se incluyen la incorporación de la definición de daño ambiental; la creación de una regla de anonimización de base de datos para garantizar acceso a información pública ambiental; resolver los vacíos de la norma actual frente a medidas preventivas y la creación de fondos de destinación específica que se financian con las multas.

Exigir la obtención de licencia ambiental en la etapa de exploración minera para controlar todos aquellos impactos socio ambientales que a la fecha no han sido identificados ni controlados durante esta fase.

La legislación actual sólo contempla el trámite de licenciamiento ambiental para proyectos mineros durante la etapa de explotación. Se ha comprobado que durante la fase de exploración también se dan fuertes implicaciones en las condiciones de calidad ambiental que no están siendo tenidas en cuenta y que resulta apremiante abordar para disminuir el daño en algún recurso natural.

Reconocer, fortalecer y apoyar la labor de las personas naturales y jurídicas que se dedican a actividades de rescate, cuidado y protección de animales domésticos sin hogar, abandonados o maltratados en el territorio nacional y crear las Redes Municipales y Distritales de Protección Animal como aliadas estratégicas en la formulación y ejecución de acciones, programas y proyectos de protección y bienestar animal en los municipios y distritos del país.

Con esta iniciativa se declara al campesino como sujeto de especial protección con el que se le reconocen derechos con enfoque diferencial y se garantiza la consulta previa a las comunidades campesinas.