Comienza el período 2022 – 2026 en el Senado y con ello le presentamos a la ciudadanía nuestro primer paquete de iniciativas de ley que radicaremos para esta legislatura. Insistiremos con leyes, varias de las cuales no lograron su trámite en periodos anteriores , en materia ambiental, género, derechos laborales y reforma política.
Ley Gasolina
Su objetivo es disminuir el contenido de azufre en la gasolina para mejorar la calidad del aire y resguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano. Con esta iniciativa se establecen límites máximos de emisión de contaminantes al aire en los vehículos que se fabriquen o importen para circular en el país.
La exposición a altas concentraciones de los elementos químicos presentes en los motores a gasolina es letal. En el país se han presentado alrededor de 5.000 muertes atribuibles a los materiales particulados que emiten los vehículos. Por tal razón, el mejoramiento de la calidad del aire es vital para garantizar la salud de los colombianos.
Agua, derecho fundamental
Esta iniciativa pretende establecer al agua como “derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia” teniendo en cuenta que es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos y las generaciones futuras.
Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y disponibilidad, así como garantizar a la población el acceso a este recurso hídrico vital para atender sus necesidades básicas.
Humedales RAMSAR
Garantizar la protección de los humedales designados y declarados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar que el Congreso colombiano aprobó en 1997. Mediante esta iniciativa se prohíben actividades de exploración o explotación de recursos no renovables, actividades agropecuarias de alto impacto y la urbanización en estos ecosistemas que ofrecen una amplia gama de servicios ecosistémicos para el desarrollo sostenible.
Colombia tiene doce (12) sitios Ramsar, entre ellos la Ciénaga grande de Magdalena, la laguna de la Cocha, en Nariño, y la del Otún, en Risaralda, que tienen un área aproximada de un millón de hectáreas.
Transporte animal
Se establecen condiciones y requisitos especiales para el transporte aéreo de fauna silvestre rescatada o decomisada por las autoridades ambientales.
Los procesos de traslado y recuperación de estos especímenes silvestres con fines de urgencia pueden llegar a ser tan problemáticos como la misma cadena de tráfico animal por la escasa regulación y de coordinación de autoridades.
Sancionatorio ambiental
Se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental que se expidió en 2009 con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir, sancionar a quienes cometan acciones contra el medio ambiente y dar respuesta a las debilidades normativas existentes para poder afrontar efectivamente la problemática de protección de los recursos naturales y el tráfico animal.
Entre las medidas que se promueven se incluyen la incorporación de la definición de daño ambiental; la creación de una regla de anonimización de base de datos para garantizar acceso a información pública ambiental; resolver los vacíos de la norma actual frente a medidas preventivas y la creación de fondos de destinación específica que se financian con las multas.
Licencia ambiental exploratoria
Exigir la obtención de licencia ambiental en la etapa de exploración minera para controlar todos aquellos impactos socio ambientales que a la fecha no han sido identificados ni controlados durante esta fase.
La legislación actual sólo contempla el trámite de licenciamiento ambiental para proyectos mineros durante la etapa de explotación. Se ha comprobado que durante la fase de exploración también se dan fuertes implicaciones en las condiciones de calidad ambiental que no están siendo tenidas en cuenta y que resulta apremiante abordar para disminuir el daño en algún recurso natural.
Ley de cuotas
Tiene como objetivo garantizar la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público a través del aumento del 30% al 50% en el porcentaje mínimo en cargos de nivel decisorio. Este proyecto rescata el enfoque de género del Código electoral que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Se han dado avances en esta medida que ha sido significativos, pero se requiere desplegar esta herramienta para obtener un impacto sobre la configuración de los cargos en el Estado. En ninguna de las ramas públicas las mujeres llegan a ocupar el 50%. En el 2020 en el Ejecutivo llegaba al 45%, 30% para el legislativo en el 2022, en la rama judicial ocupan entre un 20% y 30% a excepción de la JEP y tribunales de paz en donde hay paridad.
Acoso sexual y digital
Tiene como objetivo establecer medidas de prevención, protección y reparación a las víctimas de acoso sexual, sexual digital y otras formas de violencia sexual en el contexto laboral, profesional y educativo; así como sancionar a las personas que cometen dichas conductas.
En la iniciativa se incluyen medidas como un Plan Transversal para la eliminación del acoso sexual a cargo del gobierno nacional, obligaciones a los empleadores y ARL, aumento del tiempo de estabilidad laboral y contractual reforzada para las personas víctimas, tratamientos sancionatorios para los casos de acoso sexual y mecanismos de queja para la recepción de denuncias.
Violencia política contra las mujeres
El objetivo es establecer medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política para asegurar un ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales y la participación en condiciones de igualdad.
El proyecto incluye la tipificación de las conductas consideradas violencia política; la obligación del Gobierno para adelantar planes y programas para garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida pública; la prohibición de propaganda electoral que promueva la violencia contra las mujeres; y la obligación de estatutos para los partidos políticos que contemplen medidas de prevención, atención y sanción para casos de violencia política contra mujeres.
Contratistas de servicios
Proteger de abusos a los contratistas de prestación de servicios que celebren contratos con entidades estatales; la estructuración de la modernización de las plantas de personal y la prevención del encubrimiento de relaciones laborales bajo esta modalidad de contratación en el sector público.
Sistema pensional
Disminuir los riesgos de inequidad dentro del Régimen de Prima Media con prestación definida en tanto el Estado no debería tener que garantizar pensiones que superen de forma exponencial los reconocimientos pensionales entregadas a demás afiliados y pensionados.
Se propone una transición para bajar el tope de reconocimientos pensionales de 25 salarios mínimos a 15 salarios mínimos que se incluyen en los principios fundantes de la Organización Internacional del Trabajo para establecer parámetros eficientes de protección a la vejez para todos los regímenes pensionales.
Reducción de la edad para ser congresista
Reducir la edad para ser congresista con el propósito de ampliar la posibilidad de elegir y ser elegidos a jóvenes entre los 18 y 28 años.
El proyecto tiene tres medidas concretas: Reducir la edad de representante a la Cámara de 25 a 18 años; reducirla de 30 a 25 años para ser Senador; y ratificar que para ser ministro o director de departamento administrativo se deban tener como mínimo 25 años.
Modificación de gastos de representación de congresistas
Se obliga a los congresistas a acreditar mensualmente sus gastos de representación para que sean reconocidos; establecer que los gastos de representación no podrán ser mayores al 60% del sueldo básico (actualmente el salario básico es de 8.3 millones y los gastos de representación son de 14,7 millones, es decir corresponden al 177%); y se debe acreditar la asistencia presencial a sesiones para reconocer estos desembolsos.
Creación de la Comisión Legal de Paz, Reconciliación y Convivencia
Se pretende institucionalizar la Comisión de Paz del Congreso que hasta el momento tiene un carácter de comisión accidental para el seguimiento de políticas, labor legislativa y de control político en relación con el derecho a la paz.
Se propone que tenga 31 miembros (15 senadores y 16 representantes a la Cámara) y se cree una planta con 4 cargos con funciones y atribuciones determinadas para labores legislativas y apoyo técnico. Adicionalmente se establecen medidas de rendición de cuentas y la realización de una audiencia pública para su socialización.
Regulación del cabildeo ante autoridades públicas
Se regula este ejercicio de cabildeo para aumentar la transparencia y la igualdad de oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones.
La iniciativa establece y define las acciones consideradas como cabildeo; establece las autoridades obligadas a registrar sus contactos; y se crea el Registro Público de Cabilderos a cargo de la Defensoría del Pueblo que permita identificar el contenido de contacto y finalidad.
Formato de sentencias de fácil lectura
Se establece el formato de sentencia de lectura fácil para aplicación en todas las jurisdicciones y especialidades del Estado colombiano con el objetivo de que el lenguaje especializado no siga siendo una barrera de acceso a la justicia en población históricamente vulneradas y de importancia nacional como indígenas, personas en condición de discapacidad, niños y niñas, migrantes, afrocolombianos, rom, raizales y palenqueros.